Habitantes de Bello Monte, parroquia El Recreo en Caracas, expresan su consternación ante el caso de José Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, quien tras pasar dos años preso en la cárcel de Tocuyito acusado de terrorismo, fue excarcelado con medida de arresto domiciliario y encontró su apartamento invadido presuntamente por por un efectivo del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES).
Breijo residió durante 22 años en el apartamento ubicado en el piso 1 del edificio Pascuareli, avenida Venezuela, en Bello Monte. Según su relato y el de vecinos, al llegar a su residencia acompañado de funcionarios para cumplir la medida cautelar, se encontró con que el inmueble estaba tomado y con candado. El presunto invasor es un funcionario del GOES que, según denuncian, participó en su detención hace dos años.
“Hoy nos encontramos con un hecho dantesco. No solo se lo llevan preso dos años a Tocuyito por solo tomar una foto, sino que el mismo policía que lo secuestró le invadió su apartamento. Ahora le otorgan casa por cárcel y no tiene dónde cumplirla, viéndose en la necesidad de dormir en el pasillo frente a su casa en condiciones inhumanas”, denunció Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas.
El adulto mayor, quien presenta un grave estado de salud con diversas patologías adquiridas durante su reclusión, se encuentra actualmente durmiendo en un colchón en el pasillo del edificio, sin poder salir del inmueble para evitar violar la medida de arresto domiciliario. Breijo relató que todo comenzó por tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, lo que derivó en su detención bajo acusaciones de terrorismo.
“Llego a mi apartamento y veo un candado puesto. Tengo 22 años viviendo aquí pagando mi arriendo y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel. Pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador no un terrorista, me lo han quitado todo”, declaró José Breijo.
Carlos Julio Rojas exigió la inmediata intervención del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para restituir el derecho a la propiedad privada y garantizar los derechos humanos del adulto mayor. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno de Uruguay para que brinde asistencia consular y protección al señor Breijo, quien según denunció, no ha recibido apoyo consular durante todo este tiempo.
“Un adulto mayor uruguayo-venezolano a quien no le bastó con quitarle su libertad ahora le arrebatan su propiedad”, sentenció Rojas.
Este caso ha generado alarma en la comunidad de Bello Monte, que exige respeto a la propiedad privada y protección para un adulto mayor en situación de vulnerabilidad.
